Realidades.-El Gobierno de México rechazó este miércoles la polémica Ley Helms-Burton, que permite a los ciudadanos estadounidenses reclamar propiedades nacionalizadas por Cuba durante la Revolución.

La Cancillería mexicana reiteró su rechazo a la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton y se comprometió a proteger jurídicamente a las empresas mexicanas que pudieran verse afectadas.

“México analiza las instancias legales correspondientes para interponer las acciones por las violaciones al derecho internacional que la Ley Helms-Burton representa, así como para proteger los intereses mexicanos en el exterior”, señaló la dependencia en un comunicado.

Para contrarrestar los “efectos extraterritoriales” de la ley, la Cancillería mexicana advirtió que cuenta con la “Ley que Protege el Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional”, que contempla la obligación de los tribunales nacionales de denegar el reconocimiento y ejecución de sentencias o requerimientos judiciales con base en la polémica legislación estadounidense.

Controversia internacional

Desde su promulgación en 1996, la Ley Helms-Burton ha sido objeto de controversia internacional por entrar en conflicto con intereses comerciales de diversos países en el mundo.

Los mandatarios estadounidenses acostumbraban suspender la aplicación de esta ley cada 6 meses, hasta que la Administración de Donald Trump decidió revocar la suspensión el pasado 2 de mayo.

Con esta revocación, los ciudadanos estadounidenses podrán reclamar ante cortes de EE.UU. propiedades que fueron confiscadas tras el ascenso de Fidel Castro al poder.

El Gobierno cubano ha señalado que esta acción de la Casa Blanca es “hostil e irresponsable”, y que está orientada a “recrudecer el bloqueo y asfixiar la economía cubana”.

La Comisión Europea también ha advertido que recurrirá a todos los instrumentos a su disposición para proteger sus intereses”, incluyendo “la posibilidad de iniciar un procedimiento ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)”.

Rusia, por su parte, ha tildado de “ilegítima” la introducción de estas medidas, argumentando que tales medidas socavan la soberanía de Cuba y de sus socios, y dan rienda suelta a la línea política amoral de intimidación de Washington.

Por lo pronto, la compañía estadounidense de cruceros Carnival ha sido la primera entidad demandada al amparo de la controvertida ley, por utilizar las instalaciones portuarias en Santiago de Cuba y en la Habana, que fueron confiscadas después de la revolución de 1959.

Fuente: RT NOTICIAS

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